Alejandro Canales

Hace menos de un mes indiqué en este espacio que esta administración, en lo que concierne al sector científico y tecnológico, había optado por dirigir recursos adicionales a través de nuevos fondos y programas especiales. No es ninguna sorpresa, es un camino recurrente en los cambios de administración: es el margen de maniobra que tienen para salvar escollos y compromisos previos. Sin embargo, tal vez el punto más delicado es si los nuevos programas sustituyen, disputan o convergen con los anteriores que ya estaban en operación. (sigue)

Hace un par de semanas comenté en esta misma columna que a partir de este año dejó de operar el programa de incentivos fiscales para empresas que invertían en actividades científicas y tecnológicas y en su lugar ahora está un programa de apoyo directo para empresas (Campus Milenio No. 305). También quedó claro cuáles fueron las razones para realizar tal cambio. No obstante, respecto del mismo caso, vale la pena advertir otros elementos que podrían ser útiles para el diseño de las iniciativas (sigue).

Hasta ahora, la principal iniciativa de la actual administración en materia de política científica y tecnológica ha sido la orientación de los recursos financieros. El financiamiento, sin duda, es uno de los instrumentos clave para la toma de decisiones y para impulsar o inhibir ciertas medidas, por lo cual debiera recibir mayor atención pública. (sigue).